Puede la población femenina de grupos étnicos disfrutar de derechos, autonomías y libertades, siendo una población olvidada y sometida exclusivamente a roles domésticos?
La
educación, es un derecho que sin lugar a dudas, eleva la calidad de vida
en las familias, la convivencia y le aporta al desarrollo sostenible justicia social para los pueblos; es también un motor de desarrollo que puede ponerle fin a la exclusión
social, económica y política, posibilitando igualdad de oportunidades para unas y otros.
Es urgente, inaplazable y necesario que el Estado colombiano como garante de derechos, a través del sistema educativo preste mayor atención e interés en cerrar brechas sociales en materia de educación, promoviendo inclusión social, política y económica de las mujeres. Si "el derecho a la educación" está plasmado en documentos, constituciones y leyes nacionales e internacionales, por qué tantos grupos indígenas siguen excluidos de tal derecho en Colombia, por qué se sigue naturalizando que las mujeres indígenas sean solo maquinaria doméstica y reproductiva, apartadas de las herramientas tecnológicas vigentes, información actualizada y pedagogías de educación, acompañadas más bien de estereotipos, roles, costumbres, y barreras que les imposibilita el ejercicio de sus derechos y perpetua el nivel de analfabetismo femenino que existe en el sector rural.
Es urgente, inaplazable y necesario que el Estado colombiano como garante de derechos, a través del sistema educativo preste mayor atención e interés en cerrar brechas sociales en materia de educación, promoviendo inclusión social, política y económica de las mujeres. Si "el derecho a la educación" está plasmado en documentos, constituciones y leyes nacionales e internacionales, por qué tantos grupos indígenas siguen excluidos de tal derecho en Colombia, por qué se sigue naturalizando que las mujeres indígenas sean solo maquinaria doméstica y reproductiva, apartadas de las herramientas tecnológicas vigentes, información actualizada y pedagogías de educación, acompañadas más bien de estereotipos, roles, costumbres, y barreras que les imposibilita el ejercicio de sus derechos y perpetua el nivel de analfabetismo femenino que existe en el sector rural.
Sí las mujeres indígenas han sido doblemente afectadas y vulnerables a la violación de derechos, discriminadas por ser mujeres, por ser indígenas, pobres, analfabetas, y relegadas exclusivamente al ámbito de lo doméstico, la pregunta es: ¿cómo hacer efectivos los derechos humanos sexuales y reproductivos, la educación, la información y todos los derechos que ellas mismas desconocen? Cómo siendo mujer indígena, se puede acceder a las oportunidades de un mundo moderno, complejo y en vía de desarrollo en las actuales condiciones? Será posible, ante las insuficientes y escasas condiciones favorables para ellas lograrlo, aquellas del área rural, indígenas, víctimas de desplazamiento forzado, diversas, iletradas y olvidadas ciudadanas. Es cierto que en los últimos años, hablamos de equidad de género en la educación, por lo cual diferentes países interesados en lograr calidad, eficiencia y coherencia en los procesos de formación, están realizando reformas institucionales acorde a las necesidades territoriales, para nuestro caso pedimos que en Colombia sea tenida en cuenta la atención diferencial hacía la población rural que por siglos ha estado excluida del derecho a la educación integral y de calidad, y se hunde cada vez más en la pobreza y la miseria.
Consideramos necesario y urgente repensar el papel que cumple la educación rural en Colombia y dar el salto necesario que el desarrollo de los pueblos requiere, sin atentar contra la cultura de cada grupo étnico, pues se trata de contribuir y aportar al desarrollo integral humano de todas las personas, basado en los derechos y la equidad; pues lo que nuestros pueblos necesitan no es cualquier educación, son espacios de formación que promuevan sujetos de derechos, pensamiento crítico, liderazgo, emprendimiento, espacios en los que se analice, discutan y promuevan los planes y programas de educación institucional, contenidos conceptuales, pedagógicos y evaluativos desde una óptica integral y coherente a las necesidades actuales, con políticas aterrizadas a las realidades de nuestros territorios. La invitación es a cambiar el chip de la educación, y proyectarla como un derecho en una “sociedad contemporánea” apartando la crianza poco humanizada y mecanizada que sin darnos cuenta hemos promovido, en medio de una colectividad que margina grupos humanos, es indiferente con el medio ambiente, profundiza la brecha social de exclusión, inequidad, violencia, marginación y vulneración de derechos en contra de mujeres, niñas y niños menos favorecidos.
Si se logra una educación
de calidad y se frena la disparidad y la desigualdad en la educación entre las
áreas urbana y rural, estaremos dando respuesta positiva al desarrollo que
eleva la calidad de vida de la humanidad, poniendo fin a la problemática que
golpea con severidad a la población femenina especialmente, y que ha venido provocando
un fuerte impacto negativo a corto, mediano y largo plazo en todas las generaciones,
porque una madre con educación precaria no influye igual en su descendencia que
una madre preparada, formada y con herramientas para potenciar hijos e hijas
con altos niveles educativos. Si en Colombia, las mujeres constituyen el 50.83%
de la población del país que equivale aproximadamente a 24.562.767 mujeres, ¿Por
qué olvidarnos de un poco más de la mitad de Colombia?, es necesario garantizar
los derechos también para ellas, solo así podremos hablar de desarrollo
sostenible, con el total reconocimiento de las mujeres, de los grupos étnicos y
de todos los sectores poblacionales del país.